Sobre las agendas políticas.

ALFREDO ERIC CALCAGNO

SUR    25-10-2009

POR ALFREDO ERIC CALCAGNO

En la vida diaria, la agenda es una libreta donde consta lo que se debe hacer. Esta planificación del día a día, que ayuda a no olvidar, tiene su correlato en el plano político, donde la agenda marca los temas que están en la discusión pública. Quien elabora la agenda tiene la iniciativa política. Indudable ventaja, ya que, como en el arte de la guerra, lleva las de ganar quien elige el terreno y el momento de la batalla. Al contrario, uno de los síntomas evidentes de la declinación de un gobierno es su impotencia para establecer la agenda (recordemos los últimos meses de la presidencia de De la Rúa).
En el plano político existen por lo menos dos clases de agenda. La primera, que protagoniza la oposición aquí y ahora, no obedece a la ejecución de un programa político y económico de fondo, pues sólo responde a hechos ocasionales. Va desde la crítica a decisiones administrativas menores, hasta las críticas de fondo, pero siempre actúan en espejo. Un matemático afirmaría que su agenda es la del Gobierno multiplicada en cada caso por –1.
Entonces, no les queda más que oponerse punto por punto a todo lo que proponga el Gobierno. El único principio general que esgrimen es el fetichismo de las formas. Es obvio que en toda acción política deben respetarse las formas constitucionales y legales; pero de ahí a cometer el crimen de lesa física de pretender darle formas al vacío, hay una larga distancia.

Veamos un ejemplo. Un matutino publicó en la tapa un título catástrofe: “Una insólita fe de erratas en la ley de medios” (14 de octubre de 2009). ¿De qué se trata? El art. 95 de esa ley establece que “el Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 88”.

Resulta que por las múltiples modificaciones que tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el anterior artículo 88 pasó a ser el art. 97, con exactamente el mismo texto; pero no se corrigió el cambio de número del artículo. Entonces, el Secretario Parlamentario del Senado enmendó el error. Así se generó un escándalo parlamentario y periodístico sin ningún contenido real.
Frente a esta agenda que sólo atina a contradecir las medidas que propone el Gobierno, existe otra, que trata de ponerle fechas a un proyecto de país. El plan de Gobierno comenzado en 2003 tiene cinco ejes fundamentales, que son la unidad nacional, el crecimiento económico con una vigorosa reindustrialización, la inclusión social con base en el empleo, una importante mejora en la distribución del ingreso y una política internacional de afirmación de la soberanía. Para cumplir una parte de esos objetivos, se sancionaron dos leyes fundamentales y están en trámite otros dos proyectos de ley.
Con la primera ley se implantó el sistema de reparto para las jubilaciones, y terminó el régimen de jubilaciones por capitalización, que probó ser un excelente negocio financiero para los bancos y un método inservible para pagar jubilaciones. Se restableció así el principio de la solidaridad entre las generaciones. Para que en el presente y en el futuro existan los recursos necesarios, la  Anses –que administra los fondos jubilatorios– invierte en bonos para financiar obra pública, infraestructura estratégica, proyectos productivos y para el consumo.
El segundo punto consiste en la ley que regula los servicios de comunicación audiovisual. El actual abuso de la posición dominante no sólo hace pagar más caro sino que frena o deshace la competencia. La ampliación de la oferta significa, por una parte, que puedan expresarse grupos sociales excluidos de la comunicación (como las cooperativas), que existan más radios y canales, y más empleo y contenidos regionales; y por la otra, que el consumidor pueda elegir entre una oferta mucho mayor.
El tercer punto de la agenda es la ley de reforma política, que implantaría en todos los partidos políticos, elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los cargos electivos nacionales. También se modificarían las reglas de financiamiento de los partidos, por ejemplo, los espacios de publicidad audiovisual, que constituyen el principal gasto, se otorgarían por el Estado.
La cuarta iniciativa del Gobierno consiste en la asignación de una mensualidad por hijo, para quienes están en la informalidad laboral o no llegan a cobrar el salario mínimo. Se cubriría a alrededor de tres millones de niños; y al mismo tiempo se reforzarían las cantidades que reciben los sectores más pobres en virtud de otros planes de ayuda. En total, se calcula que incluiría a cerca de seis millones de niños. Al mismo tiempo, al cargarse el financiamiento en los grupos más ricos, se contribuirá a mejorar la distribución del ingreso.
Un quinto eje es el de política internacional, que consiste en la afirmación de la soberanía nacional. Un hito fue el derrumbe de la iniciativa del Alca, que produjo en la Conferencia de Mar del Plata; ahora se procura armar una articulación en el frente externo, que no esté basada en la subordinación sino en la negociación de igual a igual. Un avance importante en ese sentido, es la participación en el Grupo de los 20.
De tal modo, la agenda del Gobierno marca avances en temas fundamentales vinculados a los ejes del Proyecto Nacional: solidaridad generacional en el pago de jubilaciones, acceso democrático a la emisión y recepción de programas audiovisuales, mejor elección de los representantes populares, eliminación de un núcleo duro de la pobreza y mayor presencia internacional.
Esta capacidad para construir la agenda política y continuar con la transformación estructural de la Argentina en un sentido nacional y popular demuestra que el Gobierno mantiene la iniciativa política cuando algunos, hace pocos meses, decían que estaba desahuciado.

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