La Corte definirá un conflicto medioambiental entre tres provincias

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO C/ ENTRE RIOS,
PROVINCIA DE Y OTRO s/ amparo (daño
ambiental).
(JO)
S.C., M. 853, L.XLIV.
Procuración General de la Nación
-1-
S u p r e m a C o r t e :
-IRoberto
Miguel Lifschitz, en su carácter de intendente
de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe (fs.
1/3), en representación de los habitantes de dicho municipio,
promueve acción de amparo por daño ambiental colectivo, en los
términos de los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional y 30
de la Ley General del Ambiente 25.675, contra las provincias
de Entre Ríos y Buenos Aires, a fin de obtener el cese de las
quemas indiscriminadas, reiteradas y sistemáticas de
pastizales y bosques que se realizan en las islas del Río
Paraná y en el área noreste bonaerense.
Aduce que esta práctica agropecuaria, habitual y
constante, que causa dificultades para respirar y disminuye la
visibilidad, ha puesto en grave peligro la salud, la vida, la
actividad comercial y turística y seguridad vial de los
vecinos de la Ciudad de Rosario, y que el dióxido de carbono
que esta práctica inyecta a la atmósfera produce la degradación
del medio ambiente interjurisdiccional que comprende las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, en el que
se encuentra el ecosistema de humedal del Río Paraná, recurso
natural de una enorme importancia ecológica e hidrológica para
los habitantes de la zona.
Señala que si bien dicha actividad obedece a costumbres
ancestrales, sus consecuencias se agravaron en los
últimos años a raíz de los cambios climáticos y la enorme
sequía producida en el área de la pampa húmeda, la expansión
del cultivo de la soja en suelo firme y, por ende, el aumento
de los arrendamientos de terrenos fiscales en el ecosistema
humedal con destino a la actividad ganadera. Indica que estos
incendios, de producción masiva e intencionales, han llegado a
-2-
tener un impacto en abril de 2008 sobre un total de 66.000
hectáreas en la zona.
Responsabiliza a las provincias de Entre Ríos y
Buenos Aires, con fundamento en el art. 124 de la Constitución
Nacional, por ser las titulares de las jurisdicciones donde se
origina el factor degradante y por omitir planificar y
controlar dichas actividades productivas e implementar una
política agropecuaria sustentable de prevención del daño medioambiental,
lo cual resulta violatorio, a su entender, del
art. 41 de la Constitución Nacional, de la Ley General del
Ambiente, 25.675, de la Convención sobre Biodiversidad (ley
24.375) y la Convención de Ramsar (ley 23.919).
Asimismo, solicita la citación como tercero al
pleito del Estado Nacional -Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable-, en razón de que se encuentra afectado un
recurso ambiental interjurisdiccional.
A fin de obtener una adecuada satisfacción de su
pretensión, también requiere que: se cree un órgano integrado
por las distintas jurisdicciones provinciales y municipales
afectadas, se declare la emergencia ambiental del ecosistema,
se ordene la prohibición inmediata de la quema de pastizales
en la zona, se implemente un ordenamiento ambiental del territorio,
se controle el desarrollo de las actividades antrópicas,
se realice un estudio de impacto ambiental a cargo de
las Universidades Nacionales, se ordene a la Provincia de
Entre Ríos que suspenda la aplicación de la ley local 9.603 y
se desarrolle un programa de educación e información ambiental.
A fs. 109 se corre vista, por la competencia, a este
Ministerio Público.
-IIMUNICIPALIDAD
DE ROSARIO C/ ENTRE RIOS,
PROVINCIA DE Y OTRO s/ amparo (daño
ambiental).
(JO)
S.C., M. 853, L.XLIV.
Procuración General de la Nación
-3-
El Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la
acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia,
siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la
competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la
Constitución Nacional (reglamentados por el art. 24, inc. 11,
del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias,
quedarían sin protección los derechos de las partes
en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución
Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 312:640;
313:127 y 1062 y 322:1514).
Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto radica
en determinar si en el sub examine se configuran dichos requisitos.
Al respecto, cabe señalar que en los procesos referidos
a cuestiones ambientales la competencia originaria procede
si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza
exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure
la interjurisdiccionalidad que requiere el art. 71,
segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675.
En el sub lite, según se desprende de los términos
de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender
de modo principal para determinar la competencia, de conformidad
con los arts. 41 y 51 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056;
308:1239 y 2230-, el actor, en su calidad de afectado y en
representación de los vecinos de la Municipalidad de Rosario,
promueve demanda por daño ambiental colectivo contra las provincias
de Entre Ríos y Buenos Aires, en tanto la degradación
y contaminación que denuncia tiene su origen en actos realizados
en territorio de dichos estados locales.
En consecuencia, a mi modo de ver, el sub lite,
prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de
-4-
la cuestión en examen, corresponde a la competencia originaria
de la Corte, toda vez que son parte dos provincias y
la causa reviste un manifiesto carácter federal, ya que se
trata de un supuesto de problemas ambientales compartidos por
más de una jurisdicción (doctrina de Fallos: 330:4234 y sentencia
in re A. 1629. XLII. Originario. “Asociación Ecológica
Social de Pesca, Caza y Náutica c/ Buenos Aires, Provincia de
y otros s/ daños y perjuicios”, del 12 de agosto de 2008).
En este orden de ideas, puede afirmarse que concurren
en la causa los extremos que autorizan a considerar la
existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 89 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, en razón de la propia naturaleza de
la relación jurídica controvertida que vincula a las partes en
el proceso, que, a mi juicio, es de carácter inescindible, y
por exigirlo así el art. 31 de la ley 25.675, que consagra la
regla de la solidaridad cuando la responsabilidad del daño
producido es atribuida a más de un causante.
En atención a lo expuesto, opino que el proceso debe
tramitar ante los estrados del Tribunal.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
LAURA M. MONTI
ES COPIA.
M. 853. XLIV.
ORIGINARIO
Municipalidad de Rosario c/ Entre Ríos, Provincia
de y otro s/ amparo (daño ambiental).
-5-
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009
Autos y Vistos; Considerando:
11) Que a fs. 92/108 Roberto Miguel Lifschitz, en su
carácter de intendente de la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe, promueve acción de amparo contra las provincias de
Entre Ríos y Buenos Aires, a fin de que cese el daño ambiental
producido por las quemas “indiscriminadas, reiteradas y
sistemáticas” de pastizales, que se realizan en las islas del
río Paraná y en el área noreste bonaerense.
Afirma que esa práctica agropecuaria, habitual y
constante, que causa dificultades para respirar y disminuye la
visibilidad, pone en grave peligro la salud, la vida, la
actividad comercial y turística, y la seguridad vial de los
vecinos de la ciudad de Rosario, como así también que el dióxido
de carbono que esa actividad inyecta a la atmósfera produce
la degradación del medio ambiente interjurisdiccional que
comprende las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires, en el que se encuentra el ecosistema de humedal del Río
Paraná, recurso natural de enorme importancia ecológica e
hidrológica para los habitantes de la zona.
Señala que si bien dicha actividad obedece a costumbres
ancestrales, sus consecuencias se agravaron en los
últimos años a raíz de los cambios climáticos y la enorme
sequía producida en el área de la pampa húmeda, la expansión
del cultivo de la soja en suelo firme y, por ende, el aumento
de los arrendamientos de terrenos fiscales en el ecosistema
humedal con destino a la actividad ganadera. Indica que estos
incendios, de producción masiva e intencionales, han llegado a
tener un impacto en abril de 2008 sobre un total de 66.000
hectáreas en la zona.
Responsabiliza a las provincias de Entre Ríos y
Buenos Aires, con fundamento en el art. 124 de la Constitución
-6-
Nacional, por ser titulares de las jurisdicciones donde se
origina el factor degradante y por omitir planificar y
controlar dichas actividades productivas e implementar una
política agropecuaria sustentable de prevención del daño medioambiental,
lo cual resulta violatorio, a su entender, del
art. 41 de la Constitución Nacional, de la ley 25.675, de la
Convención sobre Biodiversidad (ley 24.375) y la Convención de
Ramsar (ley 23.919).
Solicita la citación como tercero del Estado Nacional
CSecretaría de Ambiente y Desarrollo SustentableC, en
razón de que se encuentra afectado un recurso ambiental interjurisdiccional.
Asimismo, y a fin de obtener una adecuada satisfacción
de su pretensión solicita que en la sentencia definitiva
se ordene a los Estados provinciales demandados la creación de
un órgano integrado por las distintas jurisdicciones provinciales
y municipales afectadas, la declaración de emergencia
ambiental del ecosistema, la prohibición inmediata de la
quema de pastizales en la zona, la implementación de un ordenamiento
ambiental del territorio, el control del desarrollo
de actividades antrópicas, la realización de un estudio de
impacto ambiental a cargo de las universidades nacionales de
la zona, la suspensión de la aplicación de la ley 9.603 de la
Provincia de Entre Ríos, y el desarrollo de un programa de
educación e información ambiental.
21) Que a fs. 111 el Tribunal dispuso requerir a la
actora que manifestara si mantenía o no interés en la prosecución
de las actuaciones, en mérito al documento suscripto el
25 de septiembre de 2008 por el Estado Nacional y las provincias
de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, en virtud del
cual se comprometieron a la elaboración de un “Plan Integral
Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible
M. 853. XLIV.
ORIGINARIO
Municipalidad de Rosario c/ Entre Ríos, Provincia
de y otro s/ amparo (daño ambiental).
-7-
en el Delta del Paraná”, entre cuyos objetivos se previó el
encuentro de soluciones viables y efectivas a la problemática
vinculada a los incendios que afectan diferentes zonas del
Delta del Paraná, la promoción de procesos tendientes al logro
de una armonización normativa al servicio de la conservación y
desarrollo sostenible de ese territorio, y la creación de un
“Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo
Sostenible de la Región del Delta del Paraná”, como instancia
de coordinación de las acciones encaminadas al cumplimiento de
los postulados enunciados en la referida Carta de Intención.
31) Que en respuesta a esa solicitud, a fs. 113 la
actora manifiesta su interés en continuar las actuaciones, y
destaca que el documento suscripto por los tres Estados provinciales
y el Estado Nacional “es un instrumento de importancia
respecto de la materia debatida, pero (que) en los
hechos la quema de pastizales ha continuado hasta el presente
y la degradación del ecosistema no ha cesado”, cuestiones
éstas que Csegún afirmaC hacen al “objeto central del amparo”.
4°) Que el análisis de esta causa y la caratulada
U.84.XLIV “Universidad Nacional de Rosario c/ Entre Ríos,
Provincia de s/ amparo (daño ambiental)”, demuestra que las
pretensiones son conexas, y que entre una y otra existe una
relación de continencia que determina la acumulación de ambas
en los términos de los arts. 41 de la ley 16.986, y 188 y
siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En efecto, los dos procesos tienen el mismo objeto
(cese de las quemas de pastizales) y la misma causa de pedir
(afectación de los habitantes de la ciudad de Rosario y degradación
del medio ambiente), aunque el promovido por la
Municipalidad de Rosario tiene un contenido subjetivo más
amplio con respecto a los Estados provinciales que se denuncian
como responsables del control de la actividad generadora
-8-
del daño ambiental denunciado.
51) Que la acumulación de procesos se justifica por
la necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias
y el consiguiente escándalo jurídico que originaría el
tratamiento autónomo de pretensiones que se encuentran vinculadas
por el objeto y la causa, situación que es la que se
presenta en el sub lite frente a la certeza de que la decisión
final que se adopte tendrá efecto de cosa juzgada en la causa
U.84.XLIV “Universidad Nacional de Rosario c/ Entre Ríos,
Provincia de s/ amparo (daño ambiental)”, en virtud de la
íntima conexidad existente entre las cuestiones sometidas a
decisión (art. 33, ley 25.675; Fallos: 326:75).
Por ello y oída la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:
I. Declarar la competencia del Tribunal para conocer en
esta causa por vía de su instancia originaria prevista en el
art. 117 de la Constitución Nacional. II. Disponer la acumulación
a este proceso de la causa individualizada en el considerando
41 precedente. Los expedientes tramitarán por separado
y se dictará una única sentencia. III. Requerir a las
provincias de Entre Ríos y de Buenos Aires el informe circunstanciado
que prevé el art. 8° de la ley 16.986, que deberá
ser contestado en el plazo de treinta días (arg. art. 91, ley
25.344). Para su comunicación a los señores gobernadores y a
los señores fiscales de Estado líbrense sendos oficios a los
señores jueces federales de las ciudades de Paraná y La Plata,
respectivamente. IV. Citar al Estado Nacional de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 94 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, para que en el plazo de treinta días
tome intervención en la causa en los términos de la citada
norma. Para su comunicación líbrese oficio a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (arg. art. 91,
ley 25.344, y art. 11, ley 26.331). Notifíquese por Secretaría
M. 853. XLIV.
ORIGINARIO
Municipalidad de Rosario c/ Entre Ríos, Provincia
de y otro s/ amparo (daño ambiental).
-9-
a la actora y comuníquese al señor Procurador General. RICARDO
LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT
– ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.
ES COPIA
Parte actora (única presentada): Municipalidad de Rosario, representada por el
ingeniero Roberto Miguel Lifschitz, con el patrocinio de los Dres. Horacio L.
Allende Rubino y Alejandro Schvarztman.

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