LA ESTRATEGIA DE LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA…Ó LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA?

Escribe: Mabel Maidana

La Viuda de Noble y Héctor Magneto se prepararon con anticipación a la posibilidad de la sanción de leyes desfavorables a sus intereses. Seguramente tenían información acerca del proyecto gubernamental de modificar la Ley de Radiodifusión sancionada durante la dictadura militar. Siempre hay algún amigo en el Poder Ejecutivo sensible a las caricias del poder del dinero. La estrategia consistió en aceitar las relaciones del Grupo con quienes llegado el caso tendrían que expedirse sobre cuestiones vinculadas con sus negocios. En una clara estrategia de anticipación organizaron seminarios dirigido a sus Señorías.

Como se ha podido apreciar, a partir de 2005 en que se declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se abrió la posibilidad de transitar el camino de la justicia bien a fondo. Pero nunca se cerró la posibilidad de buscar a los bebés apropiados, si bien cada hijo de desaparecido recuperado por sus familiares fue conseguido mediante la investigación independiente. Hay que remarcar que en ninguno de los casos fue el poder judicial el que motorizó las búsquedas. En los años que transcurrieron a partir de 2005 ha quedado en evidencia la estrecha vinculación y acuerdo de muchísimos jueces con la dictadura militar: han cajoneado expedientes, obstaculizado investigaciones, han puesto toda clase de trabas a los juicios a los genocidas. Es decir, la Justicia ampara en su seno a los aliados de los apropiadores y asesinos. Y así como en su momento fueron sirvientes del poder militar, hoy también ampara a quienes en la democracia están dispuestos a oficiar de mandaderos del poder económico.

Escuelita Noble
El Oligopolio a través de la Fundación Noble, y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, ORGANIZÓ UN SEMINARIO EN EL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y EL CRECIMIENTO. CIPPEC. Dijeron que se trataba de un ciclo de charlas sobre Los desafíos de la Justicia, en el marco del compromiso por “alcanzar la excelencia institucional de la Argentina”. Los firmantes de la invitación –uno de ellos Jorge Rendo, Director Corporativo de Relaciones Externas, Grupo Clarín- expresan en ella “decidimos generar espacios para la capacitación, formación y reflexión por parte de magistrados, responsables de llevar adelante uno de los poderes pilares de la democracia y el Estado de Derecho: la administración de Justicia”.

Dice un Newsletter del Cippec acerca de estas charlas: “Con un auditorio lleno de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación y, con la presencia de abogados, se expuso la tercera y última temática de este año, que fue: Independencia judicial, control de los actos de gobierno y corrupción. Las palabras de apertura y de cierre estuvieron a cargo de Miguel Braun, director ejecutivo de CIPPEC, y de Jorge Rendo, director corporativo de Relaciones Externas del Grupo Clarín, respectivamente. Ambos destacaron la importancia del debate de temas que afectan a la Justicia y agradecieron el acompañamiento de tantos magistrados y funcionarios de la Justicia a lo largo de estos años”. El panel estuvo integrado por reconocidas personalidades, lo que permitió un análisis de la problemática desde distintas ópticas. Así, expusieron Christian Gruenberg, director del Programa de Transparencia de CIPPEC; Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de la Capital Federal; Alberto Iribarne, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Si bien las charlas al Poder Judicial comenzaron en 2005, ¿saben cuando hicieron este ciclo?: en el año 2007. ¿A que no saben adónde hicieron la primera conferencia?, les contamos: en la calle Piedras 1743. ¿Saben que hay en esa dirección?: el Auditorio del Grupo Clarín…

Ante esa información cabe hacerse algunas preguntas:

¿El Grupo funciona como una escuela para la excelencia de los magistrados? Si se tratara de una vinculación entre funcionarios del Ejecutivo y un importante grupo económico, ¿no se hablaría con suspicacia de tráfico de influencias o relaciones non sanctas? Entonces… la vinculación entre el Grupo y los Jueces… ¿cómo se llama? La Presidenta Cristina Fernández lo dijo con todas las letras en La Pampa este 18 de diciembre: “Muchas veces leemos rimbombantes palabras, grandes arengas acerca de que los jueces deben tener independencia de los poderes políticos de turno”, dijo y agregó: “Eso es correcto, pero (la Justicia) también debe tener, hoy más que nunca, independencia de los poderes económicos, que no son circunstanciales, que son permanentes, y nadie los vota”.
La estrategia de la judicialización de la política o la politización de la justicia?

En las últimas semanas se ha concretado las amenazas proferidas por la frustrada oposición ante la imposibilidad de impedir la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La estrategia elegida es judicializar la cuestión. El Grupo va a cosechar lo que sembró a través de sus mayordomos en el Congreso Nacional y sus servidores judiciales.
El 26 de octubre el titular de la UCR, Gerardo Morales ratificó que su partido se presentará mañana ante la justicia para solicitar la nulidad de lo que la oposición denomina “Ley de Medios K” sancionada por el Congreso Nacional. Morales insistió en que la norma fue mal promulgada dado que tanto su aprobación como su publicación no fueron realizadas correctamente. “Se debe dejar sin efecto el decreto y confiamos en la Justicia”, dijo a Clarín el senador radical. Morales destacó que el martes es el día elegido para hacer la presentación formal ante el fuero contencioso administrativo federal, adjuntando la solicitud de una medida de acción inmediata.
El 29 de octubre el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció en la Casa de Gobierno provincial que presentará ante la Corte Suprema de la Nación una demanda contra ley de Medios porque viola el artículo 32 de la Constitución. Y adelantó que también saldrá en defensa del derecho a la información de sus ciudadanos y de Canal 13,…. que es propiedad del estado provincial.
Y hay más declaraciones. El resultado de la judicialización es que se han sucedido una serie de favores tribunalicios que benefician al Grupo, es un cambio de figuritas, una alianza estratégica en contra de los intereses populares, veamos:

Primero fue la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que anuló la reciente resolución de la Secretaría de Comercio que dejaba en suspenso la fusión entre Cablevisión y Multicanal, pertenecientes al Grupo Clarín.
Segundo, el juez Edmundo Carbone, que a pedido del mismo multimedios, que presentó una medida cautelar hacia los art. 41 y 161, declaró que esos dos artículos de la nueva ley de radiodifusión son inconstitucionales y suspendió la aplicación de la norma.

El juez Eduardo Vocos Conesa, ejerciendo su cargo en la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal, podría ser el responsable de dirimir la apelación a la inconstitucionalidad de dos artículos de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dictada por el juez civil y comercial Eduardo Carbone.
El dato no es menor: desde ese mismo cargo Vocos Conesa ya dictó una medida cautelar contra la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a favor de la fusión Multicanal/Cablevisión
Es paradójico que las decisiones que frenaron dos disposiciones lesivas para los intereses de multimedios, fueron dictadas por magistrados renunciados por voluntad propia, tras una serie de irregularidades y una larga trayectoria al servicio de las dictaduras militares de turno.

Tercero, se conoció que el juez federal Miguel Medina le ordenó al Gobierno que se abstenga de poner en marcha la nueva ley porque, a su criterio, “generará disparidad entre los consumidores de distintas localidades del país”. La decisión de Medina –que beneficia al Canal 11 de Salta, del grupo Telefé, y al Grupo Clarín que, junto a Vila-Manzano, concentran el 90 por ciento del espectro radioeléctrico, responde a una solicitud de amparo realizada por la organización Codelco, con sede en Salta pero de proyección nacional. Su titular, Guillermo Durán Cornejo es diputado provincial por el Partido Conservador Popular salteño. Entre sus hitos recientes destacan su oposición a la reestatización de la empresa Aguas de Salta, siendo que –tal como se denunció en su momento– la organización que preside recibía aportes de dicha compañía.
El juez federal número 2 de Salta, Medina, hizo lugar a un planteo y suspendió “la obligatoriedad de las modificaciones establecidas por los arts. 45, 62, 63, 64, 65 y 161” de la ley de medios.

Cuarto, la jueza Olga Pura de Arrabal dispuso la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al aceptar la presentación realizada por el diputado nacional Enrique Thomas, militante del peronismo disidente y aliado de Julio Cobos, quien denunció presuntas anomalías durante el tratamiento de la ley en el Congreso.

Poniendo la lupa:

Sobre el Juez Carbone se observa su vinculación con la dictadura militar. Fue jefe del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior cuando Albano Harguindeguy estuvo al frente. Anteriormente trabajó como asesor de gabinete del Ministerio del Interior durante los gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanusse. Durante la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla fue vocal secretario de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, hasta que en marzo de 1980 el genocida lo nombró titular del Juzgado Nacional Nº 1 en lo Civil y Comercial Federal y, cuatro años después, el ex presidente Raúl Alfonsín incluyó su pliego entre el de los jueces del proceso militar que continuaron en sus puestos tras el fin de la dictadura. En aquellos días, el juez no se mostraba tan preocupado por los “derechos constitucionales” vulnerados.

Sobre el Juez Eduardo Vocos Conesa, Juez de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial, quien fue “honrado” con el cargo de Juez de la Nación por Jorge Rafael Videla en el año 1976. Consecuente, GENERÓ UN ESCÁNDALO CUANDO CITÓ UNA FRASE DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA EN EL OBITUARIO POR LA MUERTE DE SEINELDÍN. Además Vocos Conesa se dedicó a insultar a familiares y a víctimas directas del Terrorismo de Estado en la Argentina, por lo que se le inició un sumario en el Consejo de la Magistratura. En ese marco S.S. tuvo la oportunidad de defenderse y efectuar un descargo en el que dijo por ejemplo: “(…) con objeto no menos ideológico setentista se encargó de difundir la cónyuge del ex montonero Miguel Bonasso, directora de Canal 7 de TV y sus cómplices del matutino Página/12, refugio del ex terrorista conocido como ‘El Perro’ Verbitsky” (…). Asimismo cuestionó al Consejo de la Magistratura por no investigar al denunciante. Finalmente se lo puede observar en un video refiriéndose a los organismos de Derechos Humanos como “curiosas asociaciones de los derechos humanos del ojo izquierdo”. Evidentemente, SS no se priva de nada en su pensamiento y acción de derecha.

Sobre el JUEZ MEDINA, que tiene una citación del Consejo de la Magistratura, luego de que se le iniciara un proceso por “mal desempeño” vinculado con su intervención en la causa por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone en 1976. Fernando Pequeño Ragone, nieto del mandatario desaparecido, impulsó la auditoría a Medina por considerarlo “responsable” del mal proceso.

Sobre OLGA PURA DE ARRABAL; dos años atrás, la magistrada había dejado sin efecto la transmisión sin costo de Canal 7 de Mendoza. El argumento: Jorge Estornel, socio de Vila-Manzano y dueño de Supercanal SA, había presentado un recurso de amparo porque la señal pública y gratuita “interfiere la de los canales que transmite el cable”. Una situación que, al parecer, también se producía en el barrio Dalvian SA –perteneciente a Vila y en litigio por tierras que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo– donde reside la jueza. El Grupo y Vila-Manzano tienen una relación conflictiva en Mendoza cuyo origen es el diario Loa Andes, en el que ambos tenían acciones, hasta que la mayoría de ellas quedó en manos del Oligopolio. El fallo no promovido por el Grupo fue festejado por Magnetto y su corte.

El Gobierno y los nuevos derechos

El Poder Ejecutivo apelará todos los fallos, es una decisión que fue anunciada por el Ministro del Interior. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene plena vigencia y todavía se está trabajando en su reglamentación.
Es probable que la movida judicial responda a una estrategia de presión sobre la letra de la reglamentación, especialmente la referida a los dos artículos que perjudicarían los “negocios” del Grupo: el 41 y el 161.

Por otra parte la libertad de expresión está por encima de los intereses comerciales de un grupo. El Lic. Luis Lázzaro manifestó que: “al derecho constitucional de la propiedad, que es el que invocan ellos, se oponen los nuevos derechos en los pactos internacionales que dicen que el interés colectivo está por encima del interés particular y que el derecho a la libertad de expresión que está afectado por la concentración de la propiedad de medios, está por encima del interés comercial de un grupo empresario o de un particular. Esa es la discusión de fondo que la Cámara va a tener que fallar en segunda instancia”.

El titular de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación, Miguel Rodríguez Villafañe, por su parte, consideró que “con la ley del Proceso el país adoptaba que los medios eran una cuestión comercial, en cambio con la nueva ley se incorporan conceptos de derechos humanos, como el de la información, y el tema de la propiedad es importante en la medida que a su vez se garanticen esos derechos. Al haber otra conceptualización, no se niega el derecho a la propiedad, pero no es central”. “El derecho a la propiedad se garantiza siempre y cuando no se violen otros derechos, según la teoría de ‘Checks and balance’ o de ponderación, porque en esta situación hay varios derechos en juego y la Justicia debe elegir cuál privilegiar en aras del bien común”, agregó el jurista.

Era sabido que no sería sencillo ni fácil discutir con un monopolio. Cada vez se aprecia con mayor claridad la frase famosa del Presidente del Organismo de Aplicación, Gabriel Mariotto, cuando dijo hace muchos meses atrás que daríamos “La madre de todas las batallas”.

Ahora se trata de encontrar las argumentaciones más sólidas que faciliten la discusión en la Justicia de conceptos que habitan paradigmas muy diferentes. La cuestión no es desconocer el derecho de propiedad, pero se privilegia el derecho a la información y se trata de multiplicar el acceso a la radiodifusión.

No todos los Jueces fueron a la Escuelita.

Entre ellos los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín, Hugo Gurruchaga y Alberto Criscuolo, quienes mediante un fallo critican la actuación del Juez Bergesio al considerar que “se enreda en discusiones inconducentes a la par que no realiza la medida básica esencial e impostergable de ejecutar la toma de muestras de ADN”.

La Cámara Federal de San Martín cuestionó las demoras del juez que investiga la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín y le ordenó la urgente extracción de ADN para saber si los jóvenes fueron apropiados durante la dictadura.

A su vez el Juez Víctor Brussa fue condenado por participar en delitos de lesa humanidad. Es el primer magistrado condenado.

Por otra parte, la Cámara Federal porteña con la firma de los jueces Horacio Cattani y Eduardo Farah, miembros de la Sala II, autorizaron a Vanina Falco, hija del oficial de Inteligencia de la Policía Federal Luis Antonio Falco a declarar en el juicio por la apropiación ilegal de Juan Cabandié. Coherente con su adicción al verdeoliva el Juez Irurzún, votó en disidencia.

La hora de la Justicia democrática

Es cada día más evidente la necesidad de abrir la caja de Pandora que es el Poder Judicial. Cerrado sobre sí mismo, ampara desde cómplices de la dictadura, encubridores actuales, escondedores de la información sobre procesos, especialistas en cajonear causas, especialmente sobre derechos humanos, apologistas de la derecha recalcitrante, entre otros.

El Poder Judicial no se encuentra sometido al control democrático ni experimentó desde 1983 un proceso de democratización interno. Seguramente la implementación del Juicio por Jurados –contemplado en la Constitución Nacional- contribuiría en gran medida a la transformación que a ojos vista se torna cada día más necesaria y urgente. Mientras tanto sobreviven los personajes que cada tanto emergen como muñecos lanzados por un resorte, y si no fuera porque afecta a sentimientos, personas y la implementación de políticas públicas democráticas, la imagen utilizada resultaría hasta graciosa. Pero en el marco de este análisis se torna perversa.

Las estrategias utilizadas para obstaculizar la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son viejas conocidas: iniciar las presentaciones en las provincias en las que hay Jueces “amigos”, no es casualidad que las elegidas hayan sido Mendoza y Salta.

Es llamativa la íntima vinculación entre los magistrados protectores de los genocidas y a la vez mayordomos del Grupo. La frase dice que “no hay General que resista un cañonazo de un millón de dólares”. No parece aventurado aplicarla a varios integrantes del Poder Judicial asociados a intereses económicos del Oligopolio. Especialmente cuando lo que se discute es la torta del negocio del cable que al Grupo Clarín le dejó $194.270.511 al 30 de setiembre de 2009 (Ver gráfico).

Fuentes: El Argentino, Página 12, Abogados por la Justicia Social, Miradas al Sur, La Nación, Revista Veintitrés. Periódico digital El Austral, Política & Medios

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Una respuesta to “LA ESTRATEGIA DE LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA…Ó LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA?”

  1. rubenstefani2001 Says:

    No se quién es usted, no lo conozco y esa misma circunstancia hace que no pueda emitir un juicio de valor sobre su persona. Si no comparte el concepto de la nota, está en su derecho pero eso no lo habilita a faltarme el respeto ni a emitir opinión sobre mi, porque los mismos provienen de su desconocimiento y su ignorancia.


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